Disposición 2024/261/4466

Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2024, el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia en Canarias 2025-2027, y de conformidad con el apartado segundo del citado Acuerdo,

RESUELVO:

Disponer la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia en Canarias 2025-2027, que figura como anexo.

Canarias, a 26 de diciembre de 2024.- El Secretario General, Ceferino José Marrero Fariña.

ANEXO

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2024, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

11.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CANARIAS 2025-2027 (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD).

La Administración de Justicia se enfrenta en la actualidad a grandes desafíos perfectamente identificables desde diferentes puntos de vista y que requieren de la adopción de un conjunto de medidas para dar una respuesta integral y estratégica que garantice continuar con un modelo de modernización y adaptación a las demandas sociales y tecnológicas del siglo XXI, que consiga, en definitiva, una Administración de Justicia lo más eficaz y cercana al ciudadano posible.

En Canarias, en particular, la Administración de Justicia tiene que hacer frente a dificultades añadidas que influyen negativamente en su eficacia y capacidad de respuesta, debido fundamentalmente a la existencia en el territorio canario de una dispersión geográfica, la existencia de la insularidad y la conocida como doble insularidad, referida a las islas menores, factores, todos ellos, que crean dificultades logísticas muy negativas para el buen funcionamiento de la Justicia.

Esto se traduce en mayores costes y tiempos de desplazamientos, lo que hace más complicado el acceso equitativo a los servicios judiciales de todos los agentes implicados, desde los profesionales a los propios ciudadanos.

Efectivamente, son estos actores los que demandan una justicia que sea lo más eficiente, cercana, ágil en la tramitación de los procedimientos y que, en definitiva, responda a las actuales necesidades de la población.

Pero, además, hay que resaltar que en Canarias la crisis migratoria actual (declarada como emergencia migratoria agravada, por parte del Gobierno de Canarias y reconocida por la UE) tiene un impacto muy significativo en el sistema judicial, generando una serie de desafíos añadidos que implican un reto complejo para la Administración de Justicia.

Los efectos y desafíos que esta crisis migratoria impone a la organización judicial son muy numerosos, entre ellos, y fundamental, el aumento de la carga de trabajo de los órganos judiciales, sobre todo los juzgados que conocen de asuntos de extranjería que experimentan un incremento del trabajo de tal magnitud que dificulta la ágil tramitación de los distintos procedimientos; esto requiere además la necesidad de especialización en los procedimientos que con recursos insuficientes pueden poner en peligro las garantías procesales, afectando de forma sobreañadida a la actividad de los Institutos de Medicina Legal, que, como consecuencia de ello, lógicamente ve muy incrementada su actividad diaria.

Otro punto para tener en cuenta lo constituyen las obligaciones normativas cuyo cumplimiento se impone a toda la Administración de Justicia, diferenciando entre la Normativa europea, como por ejemplo el Reglamento elDas (Reglamento de UE), que establece un marco para la identificación electrónica y los servicios de confianza en la UE, facilitando así la digitalización de los procedimientos judiciales, o la Directiva sobre Administración de Justicia 2019, que busca modernizar y digitalizar los sistemas judiciales en la UE para hacerlos más accesibles y eficientes, así como la normativa nacional, de la que debemos destacar el recientemente aprobado Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que obliga a la Administración de Justicia a adoptar las medidas que sean necesarias en materia de transformación digital con el objetivo de mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad del servicio judicial.

Por otro lado, cabe mencionar la próxima aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que tiene como objetivo principal modernizar y optimizar el sistema judicial en España. Es una normativa que forma parte del marco de la Estrategia Justicia 2030; vendrá a introducir una reestructuración significativa en la organización de los órganos judiciales, así como medidas tecnológicas y organizativas, que tendrá como implicaciones más destacadas la creación de los Tribunales de Instancia que vienen a reemplazar la estructura unipersonal de los juzgados actuales; por otro lado la sustitución de los Juzgados de Paz por Oficinas de Justicia en los municipios, para acercar los servicios judiciales a las zonas rurales, además de la implementación de la Oficina Judicial como ventanilla única de acceso a la justicia; todo ello con la inclusión de un enfoque en digitalización que va a permitir trabajar de forma deslocalizada y sostenible.

En Canarias, como consecuencia de la aprobación del Decreto 40/2014, de 15 de mayo, de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la modernización de la Administración de Justicia en Canarias (BOC n.º 97, de 21 de mayo), en cumplimiento del mandato normativo contenido en el artículo 4 del citado Decreto, y con el fin de avanzar hacia una dirección pública orientada a resultados, el Gobierno de Canarias adoptó el acuerdo por el que se aprobó la Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023, con la posibilidad de prórroga por un año más.

La próxima finalización de la actual Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023, pone de manifiesto que, si bien se han alcanzado importantes logros a lo largo de su vigencia, sin embargo, es necesario dar una respuesta urgente a los grandes retos anteriormente mencionados, incluyendo la obligación normativa, a través de una nueva Estrategia que permita:

• Cumplir con los compromisos establecidos por el nuevo Gobierno de Canarias en el Acuerdo para la mejora de la calidad de vida y de la modernización de Canarias, 2023-2027, que como eje número 9 establece que hay que conseguir una administración moderna, ágil, simplificada y transparente. La Administración Pública tiene como objetivo fundamental servir a los ciudadanos y facilitarles la vida.

• Incluir las correcciones necesarias respecto de las áreas de mejora y oportunidad identificadas en el proceso de evaluación continua y seguimiento de la ejecución de los proyectos que conforman la Estrategia 2021-2023.

• Definir las acciones necesarias para abordar de forma óptima el impacto que la crisis migratoria está generando en la Administración de Justicia de Canarias (entre otras cuestiones la ampliación de la carga de trabajo de los juzgados, el impulso a las nuevas formas de trabajo del personal empleado público, la necesidad de fomentar la relación por medios electrónicos, la especialización de los procedimientos, etc.).

• Dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia en Canarias (modernización de instalaciones y sistemas, cooperación tanto con la Administración del Estado como con otras Administraciones autonómicas, fortalecimiento de los recursos humanos, materiales, infraestructuras, etc.).

Para una correcta redefinición de esta Estrategia que nos ocupa, se han tenido muy en cuenta los resultados del seguimiento de la ejecución de la estrategia vigente 2021-2023, con la clara intención de tener una visión, lo más clara posible, sobre la situación actual, así como sobre las necesidades existentes a nivel de modernización, y qué nos depara el futuro, en constante evolución.

Se han tenido en cuenta, a la hora de asegurar la mayor alineación posible de la nueva Estrategia, las peticiones/solicitudes que se han ido realizando por los distintos interlocutores jurídicos, teniendo en cuenta lo trasladado por estos en las distintas reuniones mantenidas de las diferentes comisiones que se han ido constituyendo, de las que se pueden extraer una visión más real de la trayectoria de las necesidades de la Administración de Justicia.

Para identificar el estado de la situación actual se han tenido en cuenta todas las peticiones, sugerencias y propuestas realizadas a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por parte de todas las instancias afectadas. Se han tenido en cuenta, asimismo, las incidencias que se han venido produciendo, fruto del normal funcionamiento del sistema. Con todas estas previsiones, tras un análisis pormenorizado, se ha determinado la elección de nuevos proyectos que es necesario poner en marcha para continuar con la modernización y la transformación digital, poniéndose de manifiesto la necesidad de continuar con la ejecución de aquellos otros proyectos incluidos en la actual estrategia, pendientes aún de culminar, dado el grado de ejecución de estos.

Con base en los resultados obtenidos, el instrumento a aprobar se fundamenta en el siguiente planteamiento estratégico:

MISIÓN:

Este Plan Estratégico de transformación digital en el ámbito de la Justicia debe tener como misión global la modernización del sistema judicial, orientándose hacia una mayor eficiencia, accesibilidad, transparencia y agilidad en todos los órdenes.

Debe contribuir a la prestación de un servicio público de justicia moderno, transparente, accesible y abierto a los ciudadanos, que actúe con agilidad, eficacia y calidad en la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de sus obligaciones; con métodos y procedimientos avanzados de menor complejidad, dentro del ámbito de competencias propio y en coordinación con el resto de instituciones competentes, dando respuesta a las necesidades del día a día de la organización.

VISIÓN:

Como visión general, se enfoca en conseguir la transformación digital en la justicia, buscando construir un sistema judicial moderno, eficiente y accesible, que aproveche las nuevas tecnologías para ofrecer servicios rápidos, seguros y transparentes, orientado a mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos, garantizando la equidad en dicho acceso, siendo el instrumento que contribuya a la mejora del Estado social y democrático de derecho, garantizando la seguridad jurídica, el respeto de los derechos y libertades, el cumplimiento de las obligaciones y el desarrollo económico sostenible.

VALORES:

Conseguir valores que constituyan la base ética y operativa de la organización, valores que permiten que el proceso de modernización no solo se enfoque en la eficiencia técnica sino que también asegure un sistema judicial mas justo, accesible, equitativo y orientado a las necesidades de los ciudadanos, siempre bajo estrictos estándares de seguridad y sostenibilidad. De lo anterior se deducen valores como:

• Gestión orientada a resultados.

• El compromiso con la calidad, promoviendo la innovación y mejora continua.

• Una organización fuerte, donde exista coordinación y colaboración entre los distintos agentes.

• Garantizar la comunicación interna y externa, de colaboración y cooperación.

• Rigor en el ejercicio profesional.

• Potenciar el conocimiento.

• Adaptación de la organización a la realidad actual de la sociedad.

• Maximizar la utilización de recursos tecnológicos.

• Proteger la integridad de la información judicial y los datos personales, garantizando un sistema digital seguro frente a amenazas cibernéticas.

• Garantizar la innovación constante dentro de la organización.

• Contribuir a la sostenibilidad ambiental mediante la reducción del uso de papel y el ahorro de recursos energéticos.

Se han detallado las Líneas estratégicas, junto con sus objetivos y acciones, que tienen como finalidad proporcionar una hoja de ruta integral para continuar con la transformación digital del sistema de Justicia.

Este Plan debe estar alineado con la consecución de la mejora del servicio al ciudadano, la transparencia, la seguridad y la adopción de las tecnologías emergentes para garantizar una justicia más ágil, accesible y eficiente en la realidad actual, siendo necesario seguir recogiendo el impulso de proyectos que estando dentro de las Líneas estratégicas del plan anterior, sin embargo, aún no se han ejecutado completamente, y, por otro lado, se detallan las líneas estratégicas previstas dentro del presente Plan, así como los objetivos asociados a cada uno de ellos y las acciones necesarias para cumplir dichos objetivos.

En definitiva, se han definido 8 líneas estratégicas, con sus objetivos estratégicos y acciones, desarrollados en 37 fichas, una por cada acción concreta, con su temporalización, con indicadores asociados, tipo de línea y fase.

Este Plan Estratégico pretende ser la hoja de ruta que viene a garantizar que la transformación digital sea lo suficientemente estructurada, eficiente y alineada con los retos y necesidades actuales del sistema de justicia. Esto permitirá posicionar a la justicia en Canarias como un servicio público moderno y preparado para el futuro.

Visto informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Visto informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Visto informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno del día 20 de diciembre de 2024.

En su virtud, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta de la Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acuerda:

Primero.- Aprobar la Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia en Canarias 2025-2027, en los términos que figuran en el anexo.

Segundo.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo, con su anexo “Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia de Canarias 2025-2027”, en el Boletín Oficial de Canarias.

Ver anexo en las páginas 47018-47096 del documento Descargar